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Tribunal aplaza nuevamente audiencia sobre proyecto de barcazas en Los Negros, Azua

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Santo Domingo.– La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) volvió a posponer la audiencia relativa a la instalación de las barcazas generadoras de energía en la comunidad de Los Negros, provincia Azua. La sesión fue reprogramada para el lunes 17 de noviembre de 2025, a las 9:00 de la mañana, y se llevará a cabo de manera virtual.

El aplazamiento fue solicitado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de presentar un informe técnico que, según la institución, demostraría que el proyecto energético no genera impactos ambientales negativos en la zona.

Durante la audiencia virtual de este lunes, el director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Euren Cuevas Medina, acompañado por la abogada Heidy Lorenzo Jiménez, calificó la solicitud de Medio Ambiente como “confusa e improcedente”, argumentando que en materia ambiental corresponde a los demandados probar la ausencia de efectos negativos, no a los demandantes.

El recurso legal fue presentado por INSAPROMA junto a la Asociación de Vendedores de Pescado de Los Negros, la Junta de Vecinos La Nueva Esperanza, la Fundación Pro-Desarrollo de Los Negros y otras organizaciones comunitarias.

Estas entidades acusan al Ministerio de Medio Ambiente, a Karpowership Dominican Republic y a la Procuraduría General Administrativa de aprobar el proyecto de manera irregular, sin respetar los procedimientos ambientales establecidos por la legislación dominicana.

Desde su llegada a Azua, el proyecto de las barcazas ha recibido fuertes críticas por parte de comunidades locales, organizaciones sociales y ambientalistas, que alertan sobre posibles daños a los ecosistemas marinos, la pesca artesanal y la salud de los pobladores de la zona costera.

Las organizaciones demandantes reiteraron su compromiso con la protección del medio ambiente y exigieron la nulidad de la licencia ambiental, señalando que la autorización otorgada viola los principios de legalidad, participación ciudadana y sostenibilidad ambiental.

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